No es por culpa de la  corrupción que el sistema de organización político republicano tenga tantas dificultades. La corrupción no es la causa. Es la consecuencia de un sistema cuyas instituciones fueron copiadas, en la falsa creencia que, copiando instituciones de países desarrollados, nuestro país también sería desarrollado. Nuestras instituciones no pueden ser copiadas de ninguna parte. No hay otro país o región con la  misma  historia, grado de desarrollo económico, organización social y cultural y en definitiva conflictividad politicas con características similares al nuestro y que puedan  “adaptarse” a nuestra realidad. Nuestro desarrollo sólo  puede ser consecuencia de nuestros aciertos  y errores. Ningún país se hizo desarrollado “a partir de sus buenas instituciones”. Primero tuvieron que resolver sus confictos políticos y sociales y alcanzar los acuerdos necesarios que permitan el surgimiento de esas instituciones sobre las cuales funcionan. Y en esos casos sí podemos  afirmar que, pese a que los casos de corrupción existen y en algunos casos son muy significativos, como el famosos escándalo Watergate, las instituciones sí funcionan, llegando a destituir al presidente y el sistema político, económico y social contínua funcionando sin inmutarse.

Se conoció un decreto que designa asesor del PE a Alperovich

La resolución, que lleva el número 41/1, firmada por Manzur el 29 de octubre de 2015, todavía no fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.

 Juan Manuel Asis para la Gaceta

Aún no apareció en el Boletín Oficial de la Provincia. Es un decreto que tiene 311 días de vida. Fue firmado por el gobernador, Juan Manzur, y por el ministro de Gobierno, Regino Amado, el 29 de octubre de 2015, el día de la asunción de las nuevas autoridades. Se trata del decreto 41/1 que designó al ex gobernador José Alperovich como asesor ad honorem del Poder Ejecutivo, con rango de ministro.

En el Gobierno mantuvieron bajo llaves esta decisión, a la que pudo accederse después de numerosas gestiones en distintas oficinas públicas y de llegar a una solicitud por escrito dirigida al secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin, quien decidió entregarla a LA GACETA el viernes.

El hecho de que la resolución no fuera dada a conocer todavía provoca suspicacias en cuanto al por qué; y más que nada obliga a preguntar sobre si no existen incompatibilidades en cargo de senador que ostenta Alperovich y su condición de asesor del Ejecutivo provincial. Respecto de esto último, el artículo 72 de la Constitución Nacional, en el capítulo de disposiciones comunes a ambas cámaras establece que “ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cámara respectiva, excepto los empleos de escala”.

Consultado al respecto, Yedlin dijo al diario: “si es legal o no, habrá que preguntarle a los abogados. Calculo que sí; porque al ser ad honorem no tiene doble sueldo. Es un cargo honorífico y no tiene otro objetivo que poder colaborar con el Gobierno”.

Además, apuntó que cuando se suscribió, Alperovich no había asumido como congresista; lo que ocurrió el 10 de diciembre. ¿Existe un decreto, que tampoco se haya publicado, que se refiera la baja del 41/1?, se le preguntó. “No sabría decirlo, esto no pasó por acá; yo no lo vi”, respondió.

Sobre el hecho de que el decreto 41/1 no haya sido incorporado al Boletín Oficial, el funcionario dijo que tenía entendido que “era usual que algunos decretos aparecieran y otros no”. Aunque destacó que la intención del Gobierno es que todos los decretos aparezcan en la página oficial de la Provincia.

En el decreto se hacen una serie de consideraciones para justificar la designación del ex mandatario como asesor, ponderando la actuación de Alperovich al frente del PE desde 2003. Destaca que durante “su intensa gestión estuvo a la cabeza de un Gobierno que permitió la realización de obras de gran envergadura y enorme trascendencia para la población”.

Menciona que por su paso la actividad productiva también se vio beneficiada; por lo que “valorando sobremanera el gesto de servidor público hacia sus comprovincianos”, se resuelve designarlo asesor. El artículo 2 fija que los “gastos emergentes del cumplimiento de las tareas que desarrollo el contador Alperovich, serán atendidos con las partidas presupuestarias específicas con las que cuenta la secretaría general de la Gobernación”. Al respecto, Yedlin dijo que no vio gastos.

¿Esta situación le implica algún problema para Alperovich?, se le preguntó. “Para mí, no”, contestó.

Análisis

Ocultamiento que abre interrogantes

Juan Manuel Asis – LA GACETA

Alguien dispuso que el decreto 41/1 no fuera público, que se mantuviera a la sombra en los cajones del Poder Ejecutivo, a resguardo de miradas extrañas. Y la orden vino de bien arriba. Lo pusieron en evidencia los empleados y funcionarios de Casa de Gobierno cuando se les preguntaba por esa resolución de Manzur.

En abril, en la oficina de Leyes y Decretos, en el subsuelo del edificio de 25 de Mayo y San Martín, la excusa para no darlo a conocer fue que “estaban encuadernando el libro” de donde se debía sacar una copia. Entendible. En junio la explicación que dieron en la misma repartición fue que no podía entregarse al público porque aludía a “cuestiones privadas de algún empleado estatal”. Sospechoso. Había que ir más arriba, al director de despacho delGobierno para solicitar el decreto. Este se excusó en julio, y apuntó que había que reclamarlo al secretario general de la Gobernación. Misterio.

¿Por qué? En el camino, un funcionario de segunda línea deslizó que en el Ejecutivo no había nombramientos secretos. Falso. Lo que sí había era un decreto que se mantenía en secreto. Abonaba la afirmación el hecho de que en el Boletín Oficial de la Provincia jamás se lo publicó. En las dos direcciones para tratar de ubicarlo: rig.tucuman.gov.ar:8001/boletin y rig.tucuman.gov.ar/leyes; no aparecía. Las consultas aún siguen siendo infructuosas.

El secretario de la Gobernación, Pablo Yedlin, allanó el camino. Reclamó una nota por escrito y entregaba la copia del decreto oculto. Lo aportó. Y apareció el nombre de Alperovich y su designación como asesor ad honorem del Poder Ejecutivo. ¿Había que resguardar y mantener en secreto esta designación por algún motivo?

¿Incompatibilidad de cargos? Flaco favor a la transparencia de la gestión pública. Según Yedlin no hay nada raro en el nombramiento. Entonces, ¿por qué se cajoneo? ¿Por qué  no publicarlo o no facilitar la entrega en Leyes y Decretos?

Cabe destacar la decisión del funcionario de entregar una copia a LA GACETA, después de tanta búsqueda. Ahora hay que esperar que aparezca el decreto sintetizado en el Boletín Oficial. ¿Ocurrirá esta semana? Y detrás de él todas las repercusiones políticas, las defensas desde el oficialismo y los embates de la oposición por una decisión desde ya polémica.

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