Córdoba 11.04.2017

 Un gravísimo caso de contaminación amenaza el futuro del Grupo Roggio

La inundación y el desborde de agua contaminada en la planta de residuos tóxicos de la firma Taym, ubicada unos 30 kilómetros al sur de la Ciudad de Córdoba, amenaza el futuro del poderoso Grupo Roggio, que trata de evitar la activación del millonario seguro ambiental.

Un detalle para nada menor. El Grupo Roggio es el dueño de la planta de residuos tóxicos Taym, es el concesionario de Aguas Cordobesas y está a cargo del entubamiento del canal Los Molinos, una obra largamente prometida y que se terminaría recién el año próximo.

Según el gobierno provincial y la empresa, la planta potabilizadora se cerró antes de que el agua llegue a ingresar y se reabrió recién cuando -según esa versión- el peligro estaba descartado. A pesar de esta información, el caso generó una psicosis social en Córdoba y localidades cercanas. “Estuvimos a un tris de un desastre ecológico y ambiental”, admitió el gobernador Juan Schiaretti.

Sin embargo, no son pocos los que creen que el desastre se produjo. Esto alimentado por los resultados preliminares de los estudios encargados por la fiscalía de Alta Gracia, que investiga el hecho. Los trabajos realizados por la Policía Judicial y la UTN confirmaron la presencia de contaminantes (herbicidas, aceites y metales) en aguas tomadas en las afueras de Taym y el canal Los Molinos. No está comprobado aún que esos contaminantes hayan salido de Taym y por ahora se estima que podría ser resultados de los agroquímicos que se usan en el campo.

En el Gobierno insisten que los estudios del agua que llegó a la planta potabilizadora no muestran rastros de contaminación. Se basan en un trabajo del centro de investigación CIQA, de la UTN. No obstante, ese organismo está cuestionado ya que el secretario de Ambiente provincial, Javier Britch, es al mismo tiempo codirector del CIQA.

Roggio comprometido

La principal amenaza que tiene hoy por hoy el Grupo Roggio es que se compruebe que los materiales que contaminaron el agua del canal Los Molinos salieron de Taym y no de los campos rociados con agroquímicos. “Si se demuestra que la empresa Taym no cumplió con los protocolos, le tiene que caer todo el peso de la ley”, advirtió Schiaretti.

Según se supo Roggio está tratando de evitar por todos los medios que se active el seguro ambiental (ver nota al pie), que este tipo de empresa está obligada a contratar justamente para responder inmediatamente ante los casos de contaminación, lo que se conoce como remediación. Justamente, la idea de estos seguros es evitar que las firmas se aferren a la finalización de los juicios para hacerse cargo de los daños ambientales.

Vigentes desde 2008, la única vez que se activó un seguro ambiental fue el año pasado tras el derrame de la Barrick Gold en Veladero. El ministerio de Ambiente nacional, que es el depositario, ejecutó la garantía de 50 millones. En el caso de Roggio, de comprobarse la contaminación, también debería desembolsar una cifra millonaria.

Fuentes al tanto del hecho explicaron a este medio que de comprobarse la contaminación del agua potable, el caso tomaría tal magnitud que pondría en serio riesgo el futuro del Grupo Roggio. A la millonada del seguro, le sumaría una avalancha de juicios de los consumidores y sus negocios en Córdoba quedarían en la cuerda floja.

“Roggio tiene trato privilegiado en Córdoba. En 2006 le hicieron un contrato a medida para que se quede con Aguas Cordobesas”, recordó un dirigente de la oposición. “Con ese trato privilegiado, me pregunto cuántos controles tuvo Taym en los últimos 5 años. Nos dijeron que diez días antes Ambiente había realizado una de las inspecciones anuales, pero no hay papeles. Dudo que haya tenido controles”, comentó.

En ese contexto, en la oposición a Schiaretti ya trabajan en un proyecto para la rescisión del contrato de Roggio con Aguas Cordobesas, mientras que grupos de ambientalistas exigen el cierre de Taym, donde se tratan residuos industriales provenientes de otras provincias. Algunas denuncias indican que muchos de esos residuos se depositan sin tratamiento.

Uno de esos grupos, Fundación Natura, denunció en un video que durante la clausura de la planta Taym, se vio a camiones retirando material contaminado al tiempo que otros camiones ingresaban tierra limpia.

 

El Banco Galicia le vende a Roggio su parte en Aguas Cordobesas por el escándalo ambiental

El banco busca despegarse del gravísimo caso de contaminación del agua que consumen los cordobeses.

El Grupo Roggio confirmó este lunes a La Bolsa que compró al Banco Galicia las acciones que tenía en Aguas Cordobesas, la empresa que suministra agua a la provincia mediterránea. Según el comunicado se comprometió a pagar 48 millones por el 10,8% que estaba en manos de la entidad financiera.

De ese monto, 38,3 millones se pagaran de manera inicial y el resto cuando el gobierno de Córdoba autorice la operación. Roggio ya posee el 61,1% de la compañía concesionaria del servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba, mientras otro 28% corresponde a Inversora Central S.A.

La decisión del Galicia está directamente relacionada con el gravísimo caso de contaminación de aguas que protagonizó Roggio en Córdoba, a través de su planta de tratamiento de residuos tóxicos Taym.

El caso que está en manos de la justicia, es probablemente el mayor desastre ambiental en la historia de Córdoba y hay sospechas que Roggio contaminó el agua que toma al menos un tercio de la capital provincial.

No se trata de un caso que pega en el Banco Galicia únicamente en término de reputación. Sino que el banco, como el grupo que lidera Aldo Roggio, está expuesto a juicios multimillonarios de los cientos de miles de potenciales afectados por la contaminación, que investiga la justicia.

El hecho se produjo el 28 de marzo pasado en medio de un feroz temporal que afectó a la zona e inundó la planta, donde colapsaron los terraplenes de contención. El agua que inundó Taym empezó a avanzar hacia el canal Los Molinos, que es el que abastece la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas. Desde allí sale el agua que consume el 30 por ciento de la capital provincial, más de un millón de personas.

Roggio está en todos los puntos de la ecuación. Es propietario de Taym y concesionario de Aguas Cordobesas, de ahí lo delicado de su situación, que para algunos analistas -si se confirma la contaminación- puede terminar derrumbando a todo el grupo.

El Galicia tiene una relación de gran cercanía con Roggio a quien meses atrás ayudó a salir de una delicada situación financiera, dándole oxígeno financiero para que levantara una serie de deudas con otras entidades, que se habían vuelto muy pesadas.

 

Exclusivo: El caso de los seguros ambientales, la bala de plata de Carrió contra Lorenzetti

Se trata de un polémico negocio que Cristina y Macri no pudieron eliminar. La relación con Lijo.

Uno de los capítulos más pesados del pedido de juicio político de Elisa Carrió a Ricardo Lorenzetti es el relativo al poco conocido mundo de los seguros ambientales, un negocio cartelizado que ofrece a las poquísimas manos que lo concentran unos 200 millones por año, prácticamente a cambio de nada.

En su pedido de juicio político, Lilita cuestionó “el rol y el conocimiento de Lorenzetti en el manejo del cooperativismo no solo en lo que tiene que ver con las normas que regulan la administración de fondos de este tipo de figuras jurídicas sino también para entender como fue estructurado el negocio de los seguros ambientales que devino en concentración empresaria, especulación financiera y escasos resultados en relación a su pretendida finalidad de defender el ambiente”.

Carrió envió sólo un anticipo de esa denuncia específica, acaso porque se trata del tema más denso, que no sólo vincula al presidente de la Corte Suprema con un espectacular negociado, sino a actores de todo el sistema político.

En 2008, la entonces secretaria de Ambiente, la albertista procesada por malversación de fondos Romina Picolotti, lanzó el Seguro Ambiental Obligatorio para todas las empresas que realicen actividades riesgosas para el ambiente.

Cuando llegó a la Presidencia, Macri ordenó al ministro Bergman desrregular el mercado de seguros ambientales para licuar el poder de los hermanos Mauro, molesto porque apoyaron la campaña de Scioli.

La resolución de Picolotti venía con una trampa: para que la compañía de seguros pudiese emitir pólizas, le requerían una doble aprobación: una de la Superintendencia de Seguros y un contrato previo con las empresas remediadoras de residuos.

El seguro ambiental cuesta el 4% del supuesto riesgo, casi el cuádruple que cualquier otro seguro de caución. Desde aquella resolución de 2008, las aseguradoras sólo tuvieron que pagar una vez: fue tras el derrame de la Barrick Gold en Veladero, San Juan, el año pasado, cuando el ministro Sergio Bergman, ejecutó la garantía de 50 millones por primera vez en la historia del sistema.

El actor más fuerte en la industria del tratamiento de los residuos peligrosos es el Grupo Mauro. Este grupo que lideran los hermanos Gustavo y Fernando Mauro, supo tener nexos muy fuertes con el propio Macri. En 2002 el Grupo Macri se asoció con ellos para gestionar varias empresas del rubro de los residuos, entre ellas la ex Manliba. Luego Macri se desligó de los Mauro y con los años terminaron enfrentados.

El ex gobernador Daniel Scioli, recibió el respaldo del Grupo Mauro en la pasada campaña presidencial.

El Grupo Mauro tiene una parte del Ceamse y son dueños de la planta de tratamiento de residuos ARX Arcillex S.A. ubicada en José León Suárez. Por este negocio, tuvieron fuertes cortocircuitos con el Grupo Roggio, también metido en el negocio del relleno sanitario. Los Mauro, reconocidos como hábiles y audaces hasta por sus enemigos, lograron doblegar al veterano constructor.

En la campaña de 2015, estos empresarios terminaron apoyando a Daniel Scioli y Roggio a Macri, quien mantiene un respeto especial por el empresario cordobés. Una vez en la Presidencia, Macri se fijó como objetivo licuar el poder económico de los Mauro, con la certeza de que financian a sectores del peronismo de la provincia.

Cuando asumió la presidencia, Macri ordenó a Bergman, que les comunicara a las empresas aseguradoras que se abriría el mercado. El rabino eligió el hotel Hilton para convocar a todos los actores del sector y anunciar la nueva política: desde ese preciso instante su vida se volvió bastante más complicada.

Sancor Seguros fue una de las firmas que aprovechó el cambio para poner una pata en el negocio. Ya armó una empresa para entrar en el juego, aunque con cautela. El Grupo Asegurador La Segunda,  evalúa seguir sus pasos.

En el mercado, también señalan que detrás de toda esta guerra está agazapado la filial local de AON, una aseguradora vinculada a Franco Macri que se quedó sin licitación con los seguros de todos los trenes estatales por más de 300 millones, y ahora investiga la justicia federal. El broker Jorge González Gale, íntimo del padre del presidente se metió en esa operación. La española Reale también quiere entrar en el negocio.

El cambio no fue -ni es sencillo- y se cobró algunas víctimas. En el proceso, saltó por el aire el titular de la Superintendecia de Seguros, Isaac Podjarny, echado por Luis Caputo en enero de este año. Este funcionario incluso fue víctima de un ataque mafioso en un garage, cuando lo molieron a palos, ante la sugestiva desaparición de su custodia.

Los vínculos con Lorenzetti y Lijo

Los Mauro son dueños de Testimonio, el jugador más importante de las aseguradoras ambientales y la única empresa que emitía, hasta el inicio del mandato de Macri, las pólizas de seguro ambiental bajo apercibimiento de clausura de Acumar, el organismo encargado de sanear el Riachuelo, además de los organismos ambientales de la provincia de Buenos Aires y de la Nación.

En el sector calculan que Testimonio maneja un negocio de más de 200 millones de pesos anuales. En el mercado de las empresas de tratamiento de residuos, adjudican a los Mauro el poder de incidir sobre el otorgamiento o rechazo del Seguro Ambiental Obligatorio, una llave -entre otras- clave para bloquear el ingreso de nuevos jugadores al negocio.

Y señalan que en su entramado de poder logra conseguir aliados importantes en la Justicia.

La Secretaría de Juicios Ambientales de la Corte Suprema que controla los miles de millones que se destinan a la Acumar, la dirige el ex funcionario kirchnerista Néstor Alfredo Cafferata, un hombre de Lorenzetti.

Y es ahí donde aparece el vínculo con Lorenzetti, que en 2014 hizo votar a la Corte en favor de los Mauro: En diciembre de ese año la Corte Suprema revocó una medida cautelar dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que había suspendido la vigencia de las normas reglamentarias del seguro ambiental. El proceso judicial se había iniciado luego de que Cristina intentara cortar el negociado con un decreto en 2012.

Cristina se cansó de escuchar las quejas de la UIA por el sobrecosto que representa el seguro tal como está planteado y eliminó por decreto la doble aprobación, para favorecer la entrada de nuevos jugadores. Un amparo que rápidamente concedió el juez federal Ariel Lijo bloqueó la decisión presidencial.

Lijo tiene llegada directa a la Secretaría de Juicios Ambientales de la Corte Suprema, que conduce el ex funcionario kirchnerista Néstor Alfredo Cafferatta, que responde directamente a Lorenzetti.

Este organismo de la Corte Suprema tiene incidencia directa en el control del fallido proceso de saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo que está en cabeza de la Acumar, ahora presidida por la macrista Gladys González, que ya enfrenta rumores de renuncia -se menciona al ex funcionario de Espacio Público, Jorge Zalabeite en su lugar-. En la audiencia de fin del año pasado convocada por Lorenzetti, el presidente del máximo tribunal tuvo que soportar que le reprocharan que durante el kirchnerismo se destinaron 5200 millones a estos trabajos, que desaparecieron sin mayores controles ni avances.

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