Ernesto 13 septiembre, 2018
tapa libro

La “verdad de la milanesa” en el caso AMIA llegará con la primavera

 

Editorial Colihue avisó hoy que la cantidad de ejemplares de La infAMIA que tiene en sus depósitos es limitada, y que como la misma encuadernadora está haciendo simultáneamente otros tres títulos, calcula que el libro recién estará distribuido en todas las librerias –incluídas las del interior– hacia fines de mes (en la Capital Federal, luego del 20 de septiembre). Por lo tanto, ruego tengan paciencia hasta entonces, y que por si alguna razón no pudieran esperar, siempre pueden acudir a la editorial (Avenida Díaz Vélez 5125 –Parque Centenario–, teléfono 011 4958-4442) y comprarlo ahí (precio de lista, 440 pesos).

Para paliar el síndrome de abstinencia, además de las notas que pueden leerse debajo de ésta, les dejo uno de los proyectos de tapa pergeñadas por Eduardo Rey, quien fue jefe de Arte del mensuario cooperativo El Porteño y presidente de la Cooperativa de Periodistas –verdaderamente– Independientes que editaba dicha revista emblemática de los años ’80 y que fue la galladura del huevo del que surgió el diario Página/12.

Y después, más abajo les ofrezco el comienzo del libro.

 

 

 

Nisman estaba infectado por la obsesión contra Irán que afectó a la comunidad entera. Se lo proveyó de materiales que Israel le dio y fue usado por el ala derecha para promover un hecho político que probablemente él nunca quiso.

Meir Margali, Haaretz, 17 de enero de 2016.

 

Primero hay que aclarar quien encubrió (…) y después (…) se darán los avances. Porque por más que hayan destruido todo, como se hizo con la colaboración de servicios o autoridades extranjeras, después aparecerá todo de nuevo y listo.

Antonio Horacio Stiuso en el juicio por el encubrimiento de los asesinos, junio de 2017.

 

“El gobierno del presidente Macri puso el foco en la investigación de estos horribles actos terroristas y también en lo la muerte sospechosa y oscura de Alberto Nisman, que investigaba el caso AMIA. Espero llegar allí y ayudar en estas investigaciones de todas las maneras que pueda, con toda la asistencia que podamos dar a los fiscales y al Poder Judicial”.

Edward Prado, tan pronto la Cámara de Senadores de los Estados Unidos aprobó su nombramiento como embajador en Argentina, 7 de marzo de 2018.

 

 

  1. Un encubrimiento al cuadrado

Originalmente este libro iba a ser la segunda parte del “Caso Nisman. Secretos inconfesables. ‘Suicidios’ en serie, tráficos ilícitos y masacres de la Embajada de Israel y la AMIA”, publicado hace tres años y del que me siento orgulloso (de aquí en mas, cuando un nombre propio esté acompañado por un asterisco, éste indicará que en aquel hay información relevante sobre el personaje). Dos hechos impidieron la salida de esa segunda parte, uno negativo y otro positivo. El negativo fue que la alianza Cambiemos logró consagrar presidente a Mauricio Macri* y éste abrió unilateralmente las fronteras a la entrada de todo tipo de mercancías, entre ellas, de libros, a la par que suprimía subsidios y protecciones a las imprentas y editoriales locales, lo que quebró a muchas de las pequeñas editoriales y puso a otras al borde del K.O., acelerando el proceso de absorción de las medianas por las de capitales transnacionales. La segunda, positiva, fue que los fiscales que se hicieron cargo de la Unidad Fiscal AMIA (UFI-AMIA) en reemplazo del finado Natalio Alberto Nisman, conformaron un Grupo Especial de Relevamiento y Análisis (GERAD, ver https://youtu.be/ooYd8tOaXV4) encargado de recopilar e inventariar toda la información existente en las “cuevas” de la ex SIDE (hoy Agencia Federal de Inteligencia, AFI) respecto a los atentados, lo que permitió encontrar una montaña de documentos (particularmente en oficinas ubicadas en el Pasaje Barolo) que no fueron aportados a la justicia; que le habían sido sustraídos a las partes.

Si en el “Caso Nisman…” se describió al personaje, se profundizó en claros asesinatos que fueron presentados al público como suicidios –como los que fueron víctimas Lourdes Di Natale* y el bombero Alberto Cánepa Carrizo*– y se puso el foco sobre el hecho de que los atentados fueron ejecutados por miembros orgánicos e inorgánicos de la Policía Federal contratados desde el círculo de allegados al presidente de Menem (pero, todo indica, a espaldas de éste), también en este volumen habrá muchas referencias a “secretos inconfesables” y en especial al mayor de ellos, la razón de tan prolongado y extensivo encubrimiento –en el que el fiscal Alberto Nisman fue protagonista estrella durante toda una década– que fue la participación de los servicios secretos de Israel (con la colaboración de la CIA y la SIDE) en la ejecución de ambos atentados perpetrados en Buenos Aires, contra la Embajada de ese país (17 de marzo de 1992, 22 muertos) y contra la AMIA (18 de julio de 1994, 85 muertos).

Su título es, en principio, un homenaje a Horacio Verbitsky*, quien lo utilizó en una de sus muy escasas notas dedicadas a los atentados al cumplirse el décimo aniversario de los bombazos a la AMIA. En esa nota, parteaguas, informó que pocas horas después de las explosiones los gobiernos de Israel y Argentina acordaron responsabilizar a Irán. Y para eso –aunque Verbitsky no lo explicitó–decidieron apuntalar el subterfugio, ya utilizado en el anterior ataque a la Embajada de Israel, de una fantasmal camioneta-bomba conducida por un suicida.

La génesis de la nota de Verbitsky estuvo en la desclasificación de documentos reservados de la Cancillería ordenada por el presidente Néstor Kirchner (aconsejado por su esposa, que es la que siempre se ocupó del tema atentados) en septiembre de 2003. Entre los documentos desclasificados se encontraba un cable que el embajador argentino en Israel, José María Valentín Otegui, había enviado a la Cancillería al día siguiente del atentado, el martes 19 de julio de 1994. En este despacho Otegui informó que el primer ministro Itzhak Rabin* lo había convocado pocas horas después de los bombazos para trasmitirle que quería proponer al gobierno argentino “coordinar una interpretación unificada de lo sucedido, que conviniera a los intereses políticos de ambas administraciones”, para lo que enviaría a Buenos Aires, en un avión de la Fuerza Área (el mismo que trajo a “rescatistas” y agentes del Mossad) a un diplomático de su entera confianza a fin de que se reuniera “con Menem o con el funcionario del más alto nivel posible” del gobierno argentino, para “combinar la versión que se daría al mundo”. Dicho funcionario, que se efectivamente reunió con Menem, fue Dov Schmorak*, quien había sido embajador en la Argentina entre 1980 y 1985.

Mascarones

El título de este libro es también un recordatorio de la infame trayectoria política reciente de los dirigentes de una institución de origen y trayectoria ,uy respetable, la AMIA, que a partir de su cruenta demolición pasó de manos de laicos favorables a los acuerdos de paz en Medio Oriente a las de un tartufo como su actual presidente, Agustín Zbar*, mascarón de proa del sionismo más racista, quien tiene una relación familiar directa con Eduardo Elsztain, pues está casado con su prima hermana, Patricia Elsztain la que trabaja en la sección femenina de la poderosa secta Jabad Lutbavich, que es hace tiempo el mayor financista de las instituciones judeo-sionistas. Con el resultado de que la AMIA –institución para la que el autor investigó los bombazos durante más de tres años– participa en primera línea en el encubrimiento que garantiza hasta hoy la impunidad de los asesinos de sus empleados y afiliados.

Elsztain fue durante años el socio local de George Soros en estos pagos, encabeza los grupos Cresud e IRSA y es vicepresidente del Consejo Mundial Judío y socio de su presidente, Edgar Bronfman, cuyo abuelo Samuel se hizo multimillonario durante la Ley Seca contrabandeando whisky desde su Canadá natal. En 2014 Elsztain y sus familiares directos poseían 16.250.000 metros cuadrados entre edificios, shoppings (como Alto Palermo, Abasto Shopping, Patio Bullrich, Shopping Dot y Distrito Arcos, todos en la Capital Federal) y terrenos: “la misma superficie que los barrios de Belgrano, La Boca y Recoleta juntos”, según calculó Diario Z. Tres años antes, en 2011, la revista Forbes -cuya franquicia en la Argentina le pertenecía a Sergio Szpolsky- había estimado la fortuna del grupo en 5.000 millones de dólares.

Elzstain heredó de Soros sus vínculos con Jabad Lubavitch. No cabe duda de que es una de las principales cabezas de un sionismo que ha trasmutado al revestirse de tintes religiosos. A pesar de ello, el ex canciller Héctor Timerman, postrado y convaleciente del tratamiento de un cáncer que ha hecho metástasis, al escuchar esta calificación, y sin contradecirla, comentó: “A mí siempre me pareció una ameba, alguien que nunca dice nada de frente y que se la pasa viendo como chuparle las medias a quienes tienen poder”.

Escamoteos

El presidente Macri le sustrajo por decreto a la UFI-AMIA (es decir, al Ministerio Público, maniobra que consumó luego de conseguir que la procuradora Alejandra Gils Carbó renunciara ante innumerables presiones y amenazas contra ella y sus hijas) esa riquísima documentación, poniéndola bajo el control de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA a cargo del ex senador radical chubutense Mario Cimadevilla, es decir, del Poder Ejecutivo… del que también depende la AFI (ex SIDE), lo que implicó el obvio peligro de que los agentes que todavía responden al ingeniero eletrónico Antonio Horacio Stiuso* (as) “Jaime”, “Stiles”, ex Director General de Operaciones y poder detrás del trono del organismo, pudieran expurgarlos de materiales comprometedores.

Cimadevilla alentó un proyecto de darle la gestión de esa masa documental a Palantir… una empresa auspiciada y controlada por la CIA (http://www.perfil.com/politica/impulsan-un-contrato-con-una-firma-vinculada-a-la-cia-que-espio-en-el-pais.phtml) pero al surgir graves desinteligencias entre él y el ministro Germán Garavano, éste, con el aval del presidente Macri, le devolvió el control a la Procuraduría General de la Nación, ahora interinamente en manos de Eduardo Casal. A todo esto, los miembros del GERAD, diezmados, continúan su trabajo como virtuales “okupas” bajo la dirección de la experimentada Stella Segado, que estuvo a cargo antes sucesivamente de los archivos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Ministerio de Defensa.

Media vuelta

En el ínterin, la querella del Poder Ejecutivo pasó de acusar a los encubridores, a encubrir y proteger a parte de ellos. Ocurrió en dos pasos. A fines de marzo de 2017, Mariana Stilman, la abogada que estaba al frente de la querella del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el juicio, renunció dando un sonoro portazo tras denunciar al ministro Garavano de “pinchar” la acusación con el obvio propósito de que la mayoría de los imputados resulten absueltos.

Poco antes, el ministro había conferido su mismo rango a quien hasta entonces era su segundo y hacía de enlace con él, Miguel Inchausti. Tras lo cual éste le pidió a Stilman, invocando “directivas expresas” de Garavano, que a la hora de acusar adoptara un rol pasivo. En fin, que se hiciera la distraída y mirara para otro lado; que hiciera la plancha y trabajara “a reglamento” de modo que los imputados pudieran zafar.

Como Stilman no se avino a ello, se produjeron “reiterados conflictos por sostener juicios encontrados a la hora de tomar decisiones puntuales durante el desarrollo mismo de las audiencias”, como ella escribió para explicar que renunciaba por no serle posible “resignar su posicionamiento profesional respecto al juicio, en orden a su conciencia jurídica, ni ser parte de un conflicto permanente dentro de la propia querella” puesto que “las diferencias de criterio explicitadas… resultan insalvable, y los conflictos y presiones que ello provoca me impiden ejercer mi rol con la libertad y probidad que considero necesarias… máxime tratándose de una causa que… me genera un superlativo compromiso moral y una alta sensibilidad social ante el reclamo de los familiares de la víctimas…”.

En su carta al ministro, Stilman recordó que había llegado a la Unidad AMIA –a la que regresó luego de su renuncia– y a la querella de la mano de Elisa Carrió, de la que había sido abogada personal.

Junto a Stilman trabajaba en la querella el joven abogado Ezequiel Strajman, a quien el atentado impactó muy especialmente porque se produjo cuando era niño y vivía a una cuadra de la mutual y las explosiones hicieron estallar los vidrios de su casa. Hacía tres semanas que Strajman había sido sancionado y suspendida su participación en el juicio con el subjetivísimo argumento de que había “perdido objetividad”.

Horas después de la renuncia de Stilman, se conoció la de Strajman, que había integrado la querella desde antes que se iniciara al juicio; que había llegado a encabezarla como interino hasta la llegada de Stilman y que había asistido a todas las audiencias hasta que recibió la orden de dejar de hacerlo. Strajman le explicó por escrito a los jueces que su dimisión se debía a “los cambios que se plantean en cuanto al rol que debe ejercer esta querella (que) no se condicen con mis convicciones respecto a cuál debe ser la forma de trabajar para llegar a la verdad de los hechos investigados”. Y en otra carta, esta vez dirigida al ministro Garavano, le expresó su “profundo malestar moral”, y le recordó que su desempeño jamás había recibido “ninguna objeción” hasta el momento en que lo sacaron del juicio con un empellón.

El segundo paso del encubrimiento del encubrimiento (o encubrimiento al cuadrado) se dio más recientemente, en febrero último, cuando al entrar el juicio conducido por el Trubunal Oral Federal 2 (TOF 2, integrado porJorge Luciano Gorini, Karina Perilli y Néstor Guillermo Costabel) en su tramo final con los alegatos, la “acusación” del Ministerio de Justicia experimentó un obsceno giro copernicano y acometió con perversidad inédita una defensa cerrada de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia (pasó de pedir que se los condenara a 8 años de cárcel a pedir su absolución). Como la querella gubernamental no mencionó al reo Rubén Ezra Beraja, la propia AMIA, encabezada por el abogado Agustín Zbar* (otrora enemigo acérrimo de Alberto Nisman) reclamó airadamente que el manto de impunidad también lo alcanzara.

Garavano actuó con pleno respaldo del presidente Macri, “El argumento central para cambiar de postura fue que los ex fiscales habían sido los primeros en investigar y sostener la pista iraní y la responsabilidad de Hezbolá en el atentado. Y que habían promovido desde un principio las alertas rojas de Interpol contra los iraníes acusados (…) Macri tomó una decisión de Estado (…) fuentes de la Presidencia aseguraron que no mediaron pedidos de Estados Unidos e Israel que a través de sus diplomáticos y sus servicios de inteligencia siempre estuvieron presentes en el caso AMIA”, escribió Julio Blanck en Clarín el domingo 11 de febrero último.

Esta vez y luego de pedirle a Stilman que renunciará también a la Unidad AMIA del PEN, Carrió arremetió contra Garavano por entrometerse en la labor de la querella. “El ministro debe dar explicaciones sobre su intempestiva decisión”, dijo Carrió, y un comunicado de su Coalición Cívica-ARI destacó que a pesar las promesas de Garavano de no volver a entrometerse en la labor de la querella, “casi un año después, un día antes de que el nuevo apoderado (Enrique Ventós) se presentara en la audiencia para alegar, de acuerdo a las instrucciones dadas por el doctor Cimadevilla, conforme al requerimiento de elevación a juicio de la propia querella y en consonancia con la acusación que había realizado la Unidad AMIA en diciembre, el Ministro de Justicia dispuso que se revocara el poder del nuevo apoderado y que se presentara a alegar en el juicio el abogado José Console, integrante del Tribunal de Disciplina del Club Atlético Boca Juniors, quien había sido designado también para trabajar en la querella, pero no tenía poder para representar a la Unidad AMIA”.

Como ya se dijo, Console, un allegado a Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, “Rey del Juego” (que se encontraba festejando la disolución por decreto de la Lotería Nacional) y “bestia negra” de Carrió, pidió la absolución de los ex fiscales Mullen y Barbaccia. Y a la vez y no menos importante, fue cuestionado por estar inhabilitado para alegar en nombre del Ministerio Público por incompatibilidad, ya que tiene un cargo en el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires.

El comunicado de la CC-ARI alertó que todo ello se veía “agravado por los numerosos rumores acerca de los vínculos de amistad entre los ex fiscales y los integrantes del ministerio de Garavano”. No era para menos, casi de inmediato, el blog “El cohete a la luna” que dirige Verbitsky publicó una nota titulada “Las amistades peligrosas” en la que informó que Silvina Rivarola O’Connor, era titular de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N°7 de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que concursó cuando Garavano era el Procurador porteño. Sin embargo, desde febrero de 2016 se encuentra todavía más cerca del ministro porque hace uso de una licencia por ejercicio transitorio como Directora de Coordinación y representación Nacional ante Organismos Internacionales de la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del mismo ministro Garavano.

Console no sólo pidió la absolución de los fiscales. También pidió 7 años de prisión a Telleldín (absuelto en el juicio principal por no haber “evidencia alguna de que conociera el destino que habría de dársele” a la Trafic que supuestamente se habría utilizado como vehículo-bomba), la misma pena que a Galeano, quien lo había extorsionado con el apoyo y complicidad de los fiscales, Rubén Beraja, la SIDE y obviamente las más altas instancias del gobierno nacional.

Telleldín pasó así a ser uno de los máximos perjudicados por el cambiazo ya que hasta ese momento el Ministerio Público, a través de la Unidad Especial AMIA, le pedía apenas un año de prisión… que había cumplido por decuplicado. Telleldín, que se recibió de abogado estando preso, no se quedó quieto y denunció penalmente al ministro Garavano, acusándolo de coacción, peculado y encubrimiento (al cuadrado) por “encubrir a los encubridores Mullen y Barbaccia a causa de su cercanía con ellos, especialmente con Barbaccia y su esposa”. Telleldín recordó que el TOF2 había ordenado que se aclarase la situación laboral de Console, ya que tiene un contrato en el Ministerio de Justicia y simultámente otro en el Consejo de la Magistratura porteño, donde es secretario letrado de Silvia Loreley Blanco, pareja del subsecretario de Asuntos Jurídicos de la AFI Juan Sebastián De Stéfano, también hombre de Angelici.

Así las cosas, el TOF decidió, con los votos de los jueces Gorini y Costabel, apartar por incompatibilidad a Console del juicio, pero al mismo tiempo dar por válido su alegato porque se encontraba a su lado otro abogado de la Unidad Especial AMIA, Horacio De Filippo, habilitado para participar en el juicio.

En este contexto, no sería de extrañar que el juicio que discurrió durante años sistemáticamente ignorado y silenciado por los medios hegemónicos, termine con una condena simbólica contra un ex juez Galeano convertido en el pato de la boda (y acaso alguna otra condena leve, no de cumplimiento efectivo, como para disimular) y que a partir de entonces como ya se ha empezado a hacer desde fines de 2017, la prensa y medios hegemónicos y la agencia estatal Télam utilicen exclusivamente el marbete de “juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA” al  inminente juicio a Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y a su canciller… por haber intentado desbloquear la causa mediante un acuerdo con el gobierno de la República Islámica de Irán, para que los altos funcionarios persas acusados por el fiscal Nisman pudieran ser interrogados por la justicia argentina, acuerdo que, vale la pena recordar, fue refrendado por ambas cámaras del Congreso.

Ese juicio, que CFK, efímeramente representada por Aníbal Ibarra (ex fiscal y ex jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires que venció a Macri en un balotaje en septiembre de 2003) urgió a que se realice lo más pronto posible, promete ser ocasión de bochorno universal para la depauperada justicia local por la absoluta insustancialidad de las acusaciones.

 

 

http://pajarorojo.com.ar/?p=39693

 

 

 

 

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