Amnistía Internacional observó con preocupación el anuncio de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y el Ministerio de Seguridad de la República Argentina acerca del establecimiento de un centro de detención para el alojamiento de migrantes, que incumplan las leyes migratorias vigentes, desarrollada al amparo de la Ley N° 25.871, reconocida a nivel mundial por su enfoque de derechos humanos y por promover la regularidad migratoria por sobre las medidas de control y restricción de la migración.

Migrantes

La ley 25871 promulgada durante la presidencia de Nestor Kirchner, constituye un antes y un después en la política inmigratoria argentina. Hasta el 2003, Argentina se regía por una ley restrictiva aprobada cuando gobernaba el dictador Jorge Rafael Videla. Pero en diciembre de ese año el oficialismo y la oposición alcanzaron un acuerdo que puso fin a una verdadera deuda de la democracia con los países que originan inmigración a nuestro país, básicamente Paraguay, Bolivia y Perú, pero también Uruguay y Chile, en ese orden.

En enero de 2004 fue promulgada la ley 25871, y con ese paraguas, el Ministro del Interior de entonces, Aníbal Fernández, y el Director Nacional de Migraciones, Ricardo Rodríguez, dieron inicio la política de gestión migratoria más elogiada en el mundo, que alcanzó su cénit con el lanzamiento del programa Patria Grande, un plan nacional de Normalización Documentaria Migratoria para Extranjeros Nativos del Mercosur y Estados Asociados, básicamente.

“Es un ejemplo mundial”, dijo el director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Brunson McKinley, cuando visitó la Argentina en el 2006. “Los Estados Unidos deberían seguir una política como ésta y no construir un muro con México, pero sé que no me van a escuchar”, agregó. Y no se equivocó: no fue escuchado.

El gobierno de Kirchner, con la gestión del ministro Fernández, resolvió el caos inmigratorio de la Argentina y el programa se puso en marcha, y gracias a él se concretó la más grande regularización de inmigrantes de toda la historia en pocos años.

Lamentablemente, no se puedo avanzar mucho más ya que la ley recién consiguió reglamentarse en el año 2010. Para que la ley tenga un efectivo cumplimiento se deben poner en marcha políticas que “se orienten a la creación y consolidación de condiciones apropiadas para que los inmigrantes se integren al país, asegurándoles tanto a ellos como para sus familiares, el acceso a los bienes y servicios para satisfacer niveles de vida dignos y saludables”.

Para ello el gobierno nacional del estado receptor debe coordinar políticas públicas con el distrito más atractivo para la población migrante, en este caso la ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ciudad estado más pro europea, racista y xenófoba de América del Sur, el Estado porteño,  que impide la aplicación de una ley nacional en pro del mantenimiento de su condición de ciudad privilegiada.

Argentina posee una admirable legislación inmigratoria, sin embargo el Estado nacional  no puede llevar a la práctica la ley que promovió porque una Ciudad Estado puede más que el Estado nacional e impide la aplicación de la misma.

Tanto el jefe de gobierno de la ciudad en ese momento y actual presidente Mauricio Macri, como el actual jefe de gobierno de la CABA Rodríguez Larreta  ya se pronunciaron en otras ocasiones con un discurso extremadamente duro contra “los inmigrantes”, a los que mezclaron con narcotráfico y delito. Ambos sostienen un discurso fuertemente ideológico que carga de violencia la sociedad y alimenta las peores reacciones contra los inmigrantes de países limítrofes, en un giro que lo emparenta a las propuestas más reaccionarias de Europa y EEUU.

Ya pudimos ver los efectos nocivos de esta política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la ocupación del parque Indoamericano. Macri y Larreta exacerbaron en una conferencia de prensa a vecinos de Villa Soldati que la emprendieron a piedrazos y palazos contra los ocupantes del Parque Indoamericano, con gritos y consignas que tenían como eje la xenofobia.

Sólo la ignorancia y el cinismo pueden explicar la irresponsabilidad de la primera línea del PRO que avalaron en esa oportunidad el giro de Macri y Larreta, incluida Gabriela Michetti,  que, por ese entonces, todavía se suponía que  era la conciencia progresista de esa fuerza. Argumentos vacíos como “es lo que piensa la gente” o “Larreta tiene razón pero lo dice mal”, eran toda la explicación que podían articular. Por ello no fue casualidad que luego de los discursos de Macri y Larreta, vecinos que durante años convivieron con bolivianos y paraguayos, hayan salido a la calle con palos, piedras y hasta armas de fuego, nombrándolos como la causa de sus penurias. Lo que cambió es que el poder habilitó esa reacción, abriendo una grieta que llevará mucho tiempo cerrar.

No conformes con su actuación en el plano discursivo, el PRO, desde Subsecretaría de Atención Ciudadana del gobierno porteño,  se encargó de anticipar a los medios que “los vecinos” iban a protestar contra los ocupantes del parque. Lo cierto es que el macrismo ya hacía rato que venía mostrando sus intenciones en este sentido. Desde la reja que se pidió a Horacio Rodríguez Larreta para “cercar” al barrio Piedrabuena, hasta fallos de jueces afines que autorizaron a la Policía Federal a usar balas de plomo en los desalojos de vivienda del Instituto de Vivienda de la Ciudad.

Lo que hace el PRO es emparentar en el imaginario de la gente, el narcotráfico y la delincuencia con la inmigración de los países limítrofes. Así, de un plumazo metió a la enorme mayoría de inmigrantes que vienen al país a trabajar, y que lo hacen en las peores condiciones –en negro, sin obra social, ni jubilación, ni ART, en jornadas extenuantes- en la misma bolsa que los mini carteles que se están instalando en el sur de la Ciudad y que por cierto, no padecen ninguna de esas privaciones.

Desde la construcción misma de la Argentina, del sueño de la Patria Grande de San Martín y Belgrano, al ABC de Perón, al Mercosur de Alfonsín, a la Unasur de Lula, el continente hizo un esfuerzo por no caer en las tensiones xenófobas que llevaron a Europa a dos Guerras Mundiales y que aún hoy erizan la piel del viejo continente.

Uno de los rasgos más positivos de Latinoamérica, la fraternidad de sus pueblos -que tienen sus rivalidades, pero muy lejos del odio que se observa en otras regiones del planeta-, ha sido puesto en tela de juicio desde la cúpula del PRO, una de las fuerzas políticas más importantes de la Argentina.

En una de sus expresiones más repudiables,  Rodriguez Larreta no dudó en exacerbar las tendencias xenófobas para despegar al gobierno porteño del desastre de Villa Soldati que se cobró dos vidas con el argumento que “La Ciudad no puede resolver los problemas de vivienda del Conurbano y del Mercosur”, y dijo que “acá vienen (los extranjeros) usurpan y piden una vivienda” y subrayó que en la zona del conflicto “el 70% es boliviano o paraguayo”.

Afirmó que en la Argentina hay “una ley muy permisiva respecto de la migración: viene la gente y al poco tiempo de estar en la Argentina pide una vivienda, usurpa, después viene el juez Gallardo que obliga al Estado a dar una vivienda”.

Como una suerte de Le Pen porteño, afirmó que “la toma de un lugar público es un acto ilegal”, y que en esa zona de la Capital Federal vive un “70% de personas de nacionalidad boliviana y paraguaya”. Y sin medir la dimensión de lo que decía, agregó que el gobierno porteño “no puede resolver los problemas de vivienda del Conurbano y el Mercosur”.

 “Hay una lógica perversa que hace que cada vez venga más gente de los países limítrofes a usurpar terrenos”, subrayó, en una de sus frases más desafortunadas, que lejos de apaciguar podrían fomentar conflictos sociales en las zonas más carenciadas.

Larreta agregó  que “una cosa es la necesidad social de algunos de ellos”, pero agregó que también “hay mucho vivo, mucho narco y mucho mafioso que toma una parcela y después la vende. Cuando mezclamos la necesidad social y empezamos a justificar la ocupación, se confunde todo”.

El funcionario señaló que “nunca se ha hecho tanta obra en esa zona como ahora. Que se necesita más, se necesita más, pero así planteado, pareciera que la Ciudad tiene que resolver el problema de vivienda del Mercosur. Otro disparate es justificar la toma de un predio público”.

Quién le salió al cruce al PRO – en esa ocasión – fue el Cónsul Boliviano en Buenos Aires. Este explicó que viene habiendo un descenso del 2% anual en el porcentaje de inmigrantes a consecuencia  “los  graves discursos xenófobos”. Aseguró que, a diferencia de lo expresado por el Jefe de Gobierno porteño, la inmigración boliviana viene en descenso. “Según datos oficiales, la tasa está decreciendo a un 2% anual”.

Expresó su dolor por los hechos de violencia desatados en el Parque Indoamericano, en los que dos ciudadanos bolivianos perdieron la vida. Y repudió las declaraciones realizadas por Mauricio Macri, y otros funcionarios de su Gobierno, criticando el llamado a controlar la “inmigración descontrolada” vinculada con “el avance de los narcotraficantes y la delincuencia”.

El Cónsul aseguró que la cuestión requiere un mejor enfoque, y debe alejarse de “cuestiones políticas”. Señaló que hay poco conocimiento sobre estos temas, que deben analizarse en profundidad ya que “se ha dicho muchas veces que la argentina es una de las mejores leyes de migración, por todas las consideraciones que tienen para con los extranjeros”.

Agregó además, que en Argentina hay entre un millón y un millón y medio de bolivianos, distribuidos “desde Jujuy hasta Ushuaia”, y no sólo en la Ciudad de Buenos Aires.

Con respecto a la situación socio-económica de esos inmigrantes, Abal explicó que los que peor están son los “transmigrantes”, es decir aquellos trabajadores estacionales que se mueven de un lugar a otro, cuando el sector agropecuario o industrial necesita mano de obra extra. El funcionario señaló que, por su movilidad continua, estos trabajadores viven en situaciones muy precarias para optimizar sus ingresos y poder llevarlos de vuelta a su país:

A pesar de la existencia de estos trabajadores estacionales, Abal destacó que esa “no es la situación de todos los bolivianos en la Argentina”, ya que hay muchos instalados permanentemente y que desarrollan el comercio con éxito. Remarcó la producción de hortalizas en el Conurbano, que abastece a parte de la Capital, y unos asentamientos en Ushuaia con desarrollos industriales.

Por otro lado, y contrario a lo esperado, no sólo no están viniendo tantos bolivianos a nuestro país, sino que muchos se están yendo. Es que el gobierno de Evo Morales lanzó un “plan de repatriación” para los bolivianos residentes en Argentina Y Chile, por el cual les otorgan tierras para que se dedique a la agricultura o desarrollen alguna industria. En este sentido, el Cónsul enfatizó que algunos lo hacen por la exclusión y discriminación sufrida.

Según el censo de 2001 la población extranjera en nuestro país es del 4,2%, de los cuales sólo el 1,4% provienen de países limítrofes. La percepción de que esta inmigración es mayor, se debe a que la misma supera el crecimiento de la población nativa, además de que la mayor parte viene a la Ciudad de Buenos Aires, lo que aumenta aún más su visibilidad.

El país de origen de los  inmigrantes fue cambiando con el tiempo. Los inmigrantes de los países limítrofes (sobre todo de Paraguay, Bolivia y más recientemente Perú) acrecentaron su peso relativo en el total de extranjeros desde poco más de 10% en el censo de 1947, a 66% en el de 2001. Es probable que esta proporción sea mayor ahora.

Su alcance en la población total se mantuvo prácticamente constante, por debajo de 3%, desde el primer censo nacional de 1869. Esta situación persiste hasta la actualidad.

La percepción de buena parte de la opinión pública es que las migraciones de los países limítrofes son mucho mayores. Posiblemente esto tiene que ver con que, con la excepción de los años ochenta, en las últimas décadas del siglo XX (y probablemente en la primera del siglo XXI) la inmigración de estos países superó con creces el crecimiento de la población nativa. Sólo en la década 1991-2001 el incremento fue de 23%, con una contribución al crecimiento de la población total de 5,2%, la más alta desde que hay registros censales.

Se combinan así dos elementos para la percepción de que los flujos migratorios de los países limítrofes son grandes. El primero es que, en efecto, el número de residentes nacidos en estos países ha aumentado de manera significativa en las décadas recientes, sobre todo en las dos últimas. Estimativamente, el incremento desde 1990 puede ser de más de 50%. El segundo elemento es que en el principal centro urbano, y por consiguiente de mayor visibilidad del país, el Área Metropolitana de Buenos Aires, el crecimiento puede ser bastante mayor aún.

En otros términos, aunque el peso de los inmigrantes de los países limítrofes y Perú en la población total continúa siendo muy limitado (apenas un séptimo del que tuvo la inmigración ultramarina un siglo atrás), muestran una dinámica muy considerable, en especial en la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Conurbano bonaerense.

Además de las razones económicas, hay un factor institucional: se trata de la gran facilidad para radicarse –y eventualmente regularizar el status migratorio- y trabajar en la Argentina. Entre 2004 y 2009 se otorgaron cerca de 750.000 radicaciones, de las cuales más del 80% corresponden a inmigrantes bolivianos, paraguayos y peruanos. La radicación, conviene recordarlo, no sólo habilita para trabajar sino para acceder a los servicios públicos de salud y educación y también a postular a planes sociales.

La inmigración de los países limítrofes y Perú es, con pocas excepciones, de carácter económico. El motivo principal, obviamente, es obtener un ingreso y unas condiciones de vida mejores que en el país de origen. Reflejo de esa motivación, los inmigrantes tienen una mayor propensión a participar en el mercado de trabajo. Su tasa de actividad es 2,5 puntos más alta que la media de la población y 4,3 puntos más elevada que la de los migrantes internos del NOA y del NEA, regiones tradicionalmente expulsoras de población.

Consecuente con su esfuerzo de participación en el mercado, la tasa de empleo de los inmigrantes limítrofes y Perú, es unos 2 puntos más alta que el promedio, y – notable diferencia- 4 puntos más que la de los migrantes internos del NOA y NEA.

El otro tema principal es en qué medida restan oportunidades de empleo a la población local. En el caso argentino, los inmigrantes de países limítrofes y Perú ocupan el 5% del total de los empleos existentes, con un máximo de 8,5% en el sector informal, lo que refleja su capacidad acotada de inserción en el segmento con mayor demanda de calificaciones.

En el ciclo 2003-2009, de gran recuperación del mercado de trabajo, los inmigrantes de países limítrofes y Perú ocuparon menos de 7% del crecimiento del empleo, cuatro quintas partes en el sector informal. En el sector formal, la proporción de ocupación de nuevos empleos fue inferior al 3%.

Pero lo que quizás más importe, es en qué medida los inmigrantes compiten por los empleos con los hogares locales más pobres. En el 20% de menores ingresos, los inmigrantes detentan el 8% de los puestos, llegando al 9,5% de los empleos informales de este quintil. En el período 2003-2009, absorbieron el 7,8% de los puestos ganados en el quintil. No parece, por lo tanto que sean una competencia muy grande para los hogares locales pobres.

La ley 25.871, que Macri y Rodriguez Larreta “consideran muy permisiva con los inmigrantes” fue completada con varios decretos reglamentarios que fueron consensuados con los países del Mercosur.

Establece, entre otras cosas, que la dirección Nacional de Migraciones cancelará la residencia en caso de “presentación de documentación material o ideológicamente falsa o adulterada” o “cuando el residente hubiese sido condenado judicialmente en la República por delito doloso”.

También fija una serie de causas para prohibir el ingreso de divisas. El último decreto sobre el tema estableció una suspensión del trámite migratorio “cuando un extranjero estuviere tramitando su residencia y se encontrare imputado o procesado en causa penal”.

Aclara que “el antecedente o la condena que se registre en el exterior sólo serán computados cuando el hecho que los origina constituya delito para la ley argentina” y que las que se registren en el país “deberán ser acreditados por informe de la Dirección Nacional del registro nacional de reincidencia”.

Por todo lo antedicho no llama la  atención que el Convenio a que se hace referencia sea entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, para que la ciudad estado pueda disponer de una instalación carecelaria, administrada por la Dirección General de Migraciones de la  Nación, para retener a los extranjeros que considere indeseables, léase bolivianos, paraguayos, peruanos, chilenos, etc. y porque no también compatriotas del NOA y NEA argentinos, “poco afectos al trabajo” y  “prefieren usufructar los beneficios del clientelismo que practican los punteros políticos”.

Fuente: LPO

Migraciones

INSTITUCIONAL – 25 de Agosto de 2016
Complementación estatal en aplicación de la ley migratoria
Convenio por extranjeros con antecedentes penales o ingreso ilegal al país

La articulación entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional con el propósito de optimizar los recursos del Estado da un nuevo paso en una complementación que permite garantizar las condiciones dignas de alojamiento y en un marco de protección a los extranjeros que tienen pedido de expulsión en firme y se encuentran en situación de “retenidos” (Art. 70 de la Ley de Migraciones y del Decreto Reglamentario N° 616/10), mediante resolución judicial “fundada al sólo y único efecto de cumplir aquella”.

Estas expulsiones dictadas se refieren a extranjeros con antecedentes penales o ingresados al país en forma ilegal por un paso no habilitado (Art. 37: “El extranjero que ingrese a la República por lugar no habilitado a tal efecto, o eludiendo cualquier forma de contralor migratorio, será pasible de expulsión en los términos y condiciones de la presente ley”).

A tal efecto, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación; Fernando Ocampo, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MJS); y Horacio García, director Nacional de Migraciones (DNM), organismo dependiente del Ministerio del Interior, firmaron el 19 de agosto un convenio por el cual el MJS entrega en comodato a Migraciones un inmueble ubicado en Pasaje Colmo N° 3860, que estará destinado -según marca el convenio-  “de manera exclusiva al alojamiento de las personas infractoras a la Ley 25.871 y su normativa complementaria vigente, en calidad de retenidos, en carácter de comunicados y a disposición de la DNM al sólo y único efecto de cumplir la orden de expulsión dictada respecto de un extranjero, durante el tiempo necesario y razonable para cumplimentar los fines y alcances dispuestos por la autoridad migratoria, estándole prohibido cambiar el destino mencionado”.

En tanto que la Policía Federal (dependiente de la cartera de Seguridad de la Nación) se ocupará del traslado y custodia de los extranjeros retenidos.

El documento tripartito, que entrará en vigencia el 1 de septiembre y tendrá una duración de cuatro años, establece que, previamente, la DNM realizará en el lugar diversas tareas de refacción y reconstrucción de los espacios, incluyendo además aspectos ambientales como sistema de detección de incendio, provisión de agua caliente, renovación eléctrica, calefacción/refrigeración y acondicionamiento de salas destinadas a esparcimiento y recreación.

Con lo cual se dará cumplimiento a la normativa, la cual fija en la reglamentación del Artículo 72 que “el alojamiento de los extranjeros retenidos deberá hacerse en ámbitos adecuados, separados de los detenidos por causas penales”. 

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