pancho 7 septiembre, 2019

 

6 DE SEPTIEMBRE DE 1930: EL PRIMER GOLPE DE ESTADO CONTRA UN GOBIERNO ELEGIDO POR EL PUEBLO
Por Ricardo Iriarte – Desde Tucumán (para Instituto del Pensamiento Latinoamericano)

 

 

  • El 6 de septiembre de 1930 terminó bruscamente la experiencia radical que había sido promovida por la ley del sufragio universal. Hipólito Yrigoyen fue el primer jefe de Estado electo por el voto universal y secreto, consagrado por la Ley Sáenz Peña, y estaba cumpliendo su segundo mandato El golpe cívico-militar interrumpió lo que hubieran sido dieciocho años de continuidad de un mismo partido (UCR) en el gobierno. El radicalismo se había convertido en una eficiente maquinaria de ganar elecciones, lo cual sería intolerable para la minoría oligárquica, acostumbrada en los años previos a elegir presidente en los alegres salones del Jockey Club.
  • Con Yrigoyen la clase media había irrumpido en los niveles de decisión del poder político, pero la profundización del proyecto democrático encontraría fuertes obstáculos en el frente económico externo: ya se hacían sentir los efectos de la crisis de Wall Street en la economía nacional; y el panorama interno era bastante complejo.
  • La hegemonía electoral del llamado radicalismo personalista, que se referenciaba en el liderazgo de Yrigoyen, alimentaba el sueño de salidas extraconstitucionales de la oposición, que no se resignaba a que la “chusma” detentara el poder. Hacia adentro de la fuerza gubernamental se había desatado la lucha por la sucesión, desde que el caudillo radical –ya anciano- tenía fuertemente deteriorada su salud.
  • Pero también había otras causas que eran más bien propias del carácter popular de la gestión de Yrigoyen: así, en una Argentina de matriz liberal, impulsar una mayor intervención del Estado en las políticas sociales extendiendo el régimen de jubilaciones, o en la economía a través de la nacionalización del petróleo, la integración económica de las regiones interiores mediante el ferrocarril y la provincialización de los territorios nacionales, eran motivo de resistencia de los antiguos beneficiarios “de la economía del libre mercado”; o sea, los eternos apropiadores de la riqueza de todos. Por otro lado, la condición nacional del gobierno radical implicaba redefinir las relaciones económicas con Inglaterra -el Imperio de la época- en un marco de reivindicación de las políticas soberanistas.
  • La prensa escrita -aunque todavía no estaba establecida como un factor dominante del poder, como ocurre en nuestros días utilizando herramientas como las fake news- jugaría un papel clave en el propósito de desgastar al gobierno popular y generar una sensación de inquietud en la población. Los diarios Crítica -propiedad del empresario Natalio Botana-, La Prensa, La Nación, La Razón, La Vanguardia se ensañaron con Yrigoyen caracterizándolo como tirano, totalitario, anticonstitucional, déspota, dictador, inepto, corrupto. El diario La Fronda, de posturas racistas y vocero del nacionalismo aristocrático era la fuente de consulta del jefe golpista, el general ® José Félix Uriburu. Por eso no sorprende que éste sostuviera que “el triunfo del radicalismo ha tenido, como principal consecuencia, un predominio evidente de la mentalidad negroide”.
  • En los días previos a la asonada, comenzó a circular el mito de que a Yrigoyen sus partidarios “le hacían un diario”, en el que le contaban una realidad a su medida. Fue una de las tantas mentiras difundidas por la prensa opositora, interesada en mostrar al presidente como un hombre confundido y senil.
  • Todo esto había llevado a una radicalización de la fuerza opositora. El 10 de agosto, 44 diputados de diferentes tendencias, socialistas, independientes, liberales, conservadores, hicieron conocer un manifiesto de crítica y reclamo al gobierno, al que pronto se sumaron los radicales antipersonalistas. Acusaban a Yrigoyen de haber violado la Constitución, de actuar con despilfarro e imprudencia en la distribución de los recursos y exigían su renuncia.
  • El sábado 6 de septiembre en horas de la mañana, con escaso apoyo militar, Uriburu y numerosos políticos sólo habían logrado sublevar a un grupo de cadetes del Colegio Militar y la Escuela de Aviación, La más poderosa, Campo de Mayo, no se adhirió y en la gran mayoría de guarniciones los comandantes evitaron que sus subordinados se sumasen al movimiento.
  • Pero fue la masiva participación popular la que decidió la suerte del golpe: caravanas de autos acompañaron a Uriburu a medida que los insurrectos se acercaban a Plaza de Mayo. Las filas de ciudadanos aumentaban formando una multitud que, contra toda lógica, estaban brindando un marco popular a un proyecto elitista (algo parecido nos ocurrió aquél diciembre de 2015: trabajadores y desocupados votando un proyecto neoliberal dependiente). El avance ya era irreversible. En la Casa Rosada no estaba Yrigoyen pues había delegado el mando –por razones de salud- en su vicepresidente Enrique Martínez. Éste capituló ante los golpistas. Yrigoyen fue trasladado al Regimiento VII de La Plata, ante cuyo comandante presenta su renuncia. Luego sería conducido a la isla Martín García. Caía el mayor representante de la democracia política en el país y símbolo de la lucha contra el “régimen”.
  • El golpe cívico-militar inauguró un mecanismo de recambio mediante el cual las Fuerzas Armadas se constituyeron en una fracción política que actuaba al servicio de los intereses de las clases sociales dominantes, y ese mecanismo se prolongaría hasta 1983, cuando –como consecuencia de las luchas populares- se recuperaría la democracia hasta nuestros días.
  • Uriburu asumió la presidencia dos días después, y en forma inmediata envió una comunicación a la Corte Suprema, haciéndole saber la constitución de un gobierno provisional para la Nación. La Corte -por unanimidad- emitió una vergonzosa sentencia el 10 de septiembre que dio origen a la doctrina de los gobiernos de facto, en la cual expresó “….Que esta Corte ha declarado, respecto de los funcionarios de hecho, que la doctrina constitucional e internacional se uniforma en el sentido de dar validez a sus actos, cualquiera que pueda ser el vicio o deficiencia de sus nombramientos o de su elección, fundándose en razones de policía y de necesidad y con el fin de mantener protegido al público y a los individuos cuyos intereses puedan ser afectados…”.
  • Uriburu disolvió el Congreso, declaró el estado de sitio e intervino todas las provincias gobernadas por el radicalismo. Aunque públicamente declaraba respetar la Constitución, personalmente sentía que el país necesitaba retornar al régimen de gobiernos conservadores previo a la sanción de la Ley Sáenz Peña. En un discurso pronunciado en la Escuela Superior de Guerra, expresaba su oposición al sufragio universal con las siguientes palabras: “La democracia la definió Aristóteles diciendo que era el gobierno de los más ejercitados por los mejores. La dificultad está justamente en hacer que lo ejerciten los mejores. Eso es difícil que suceda en todo país que, como en el nuestro, hay un 60% de analfabetos, de lo que resulta claro y evidente, sin tergiversación posible, que ese 60% de analfabetos es el que gobierna al país, porque en elecciones legales ellos son una mayoría”.
  • Bajo el imperio de la ley marcial y el estado de sitio fueron fusilados cinco ciudadanos, dos de ellos anarquistas. Se desató una intensa campaña de persecución ideológica de opositores; jueces y empleados públicos fueron exonerados, cesanteados y encarcelados sin juicio previo. Se estableció en forma sistemática la aplicación de las torturas tradicionales y la innovación que significó la picana eléctrica implementada por el jefe de la Policía, Leopoldo Lugones (h). Se clausuraron diarios, entre ellos Crítica, que comenzó a denunciar las torturas a los opositores, estableciéndose la censura de prensa. Se proscribió, de diferentes formas, al partido mayoritario.
  • Uriburu aspiraba a reemplazar el sistema democrático por otro en que no fuera el voto individual el que decidiera el rumbo político, sino la opinión de corporaciones, en particular las corporaciones patronales y las asociaciones profesionales, entre las cuales los sindicatos eran un actor menor, que además debían ser sometidos a una limpieza ideológica. Cuando se produjo el golpe las organizaciones obreras se habían limitado a defender sus organizaciones de posibles represiones declarando su carácter no político. Justamente, Julio Godio se pregunta cómo fue posible que el movimiento obrero no hubiera podido advertir la diferencia sustancial que había entre el radicalismo yrigoyenista y el bloque derechista cívico-militar y adoptar una actitud pasiva ante el golpe de estado; y lo atribuye a la posición simplista de caracterizar al yrigoyenismo como “demagógico”, “capitalista”, “nacional-fascista”, etc. Con el golpe se declarará la ilegalidad de la FORA (Federación Obrera Regional Argentina), lo cual provocará en el corto plazo la fusión de las centrales sindicales Confederación Obrera Argentina y Unión Sindical Argentina, constituyendo la Confederación General del Trabajo (CGT). Pero ésa es otra historia.
  • Para la tradicional clase terrateniente exportadora, el golpe significó la recuperación – no del poder real, que nunca había perdido- sino del control del aparato del Estado. Lo cual le posibilitaría mantener el poder institucional valiéndose del llamado “fraude patriótico”. Se iniciaba así, la Década Infame.
  • Con el golpe del 6 de septiembre la interrupción de la vigencia de la Constitución se naturalizó. Los sectores del poder dominante harían una sólida alianza con el partido militar y repetirían la experiencia a lo largo del siglo XX. El último golpe de Estado, el del 24 de marzo de 1976, sería particularmente cruel.
  • El legado de la experiencia yrigoyenista, de matriz antioligárquica, nacional, popular, democrática y latinoamericana, sigue vigente y sus banderas han sido retomadas por líderes como Perón, Alfonsín, Néstor y Cristina. Y seguramente otros las recogerán para abonar el camino hacia la victoria definitiva.-

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